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Tic Legal

CATEGORÍA TIC LEGAL

Memorias sobre el Bootcamp "Elementos legales para el emprendimiento digital"

POR:
EQUIPO TÉCNICO APPS.CO
10 de Junio 2016

Todos los emprendedores tienen dudas acerca del régimen jurídico que le aplica a sus emprendimientos digitales. Se piensa que el derecho se queda corto frente a la tecnología (al ser más dinámica). Sin embargo, debe tenerse claro que el derecho aplica frente a toda relación humana, indistinto a si existen medios analógicos o digitales que permitan la interacción entre las partes. Lo importante es aterrizar adecuadamente el derecho a la medida de cada modelo de negocio específico.

Además, en el ordenamiento jurídico colombiano se cuenta con la Ley 527 de 1999, por medio de la cual se otorga plena validez jurídica a los medios y actuaciones desarrolladas en ambientes digitales. Esta Ley desarrolla los siguientes principios de seguridad jurídica:

a) Principio de la equivalencia funcional: significa que los medios digitales son equivalentes (no análogos), en sus funciones y efectos, a los tradicionales. Entonces, las actuaciones humanas (relaciones jurídicas) que se efectúen en estos medios (tales como actos y negocios jurídicos) deben cumplir a cabalidad, no de manera idéntica o analógica, sino equiparable, todos los requisitos que se establezcan en las normas jurídicas que sean aplicables, según su naturaleza. Esto permite que las TIC cuenten con seguridad y validez jurídica.

b) Principio de la neutralidad tecnológica: hace referencia a que las normas jurídicas, tanto sustantivas como procesales, aplican en toda clase de relación jurídica que cause efectos dentro de un Estado, sin distinción a la tecnología que sea empleada por sus intervinientes.

En complemento, este principio determina que se deben detectar y atender los efectos jurídicos que genere una tecnología, y no quedarse en confusiones o debates tecnócratas. Es decir que se debe atender al fondo y no solo a la forma.

Finalmente, este principio permite que cada empresa adopte la tecnología que considere más conveniente. Lo relevante es que dicha tecnología respete las normas que sean aplicables según cada modelo de negocio específico -lo que se detecta con base los efectos jurídicos que cause-.

c) Principio de la prevalencia del derecho sustantivo preexistente: establece que el derecho no debe modificarse, alterarse o desconocerse, sino precisamente aplicarse en los entornos digitales (ej.: no se debe hablar de contrato electrónico, es un contrato como tal y se tienen múltiples normas que de tiempo atrás han fijado los elementos estructurales que se deben tener en cuenta para esta clase de instrumento -indistinto a si opera en escenarios analógicos o digitales-).

Sólo se deberán crear normas cuando las existentes resulten realmente insuficientes; aspecto difícil de lograr, y excepcional, porque el derecho es un sistema de fuentes transversales -es decir, que señalan parámetros aplicables en distintos contextos. Como es el caso del principio de la buena fe, debe aplicarse en todo momento y frente a todos los modelos de interacción humana-.

Con lo anterior, se concluye que las normas jurídicas consagradas para los medios tradicionales aplican sin problema alguno en los emprendimientos digitales, todo se basa en dicha equivalencia funcional. En definitiva, el medio es el ser y el derecho es el deber ser, el primero se somete al segundo.

Superado esto, entra el problema de la efectividad del derecho en las TIC, esto significa que los deberes y derechos que contempla el derecho se cumplan adecuadamente en estos contextos. Para lograrlo, se propone una cultura de derecho preventivo, donde se armonicen desde el inicio los derechos y deberes de todos los grupos de interés de la empresa -tales como consumidores, proveedores, trabajadores, aliados, socios, etc.-. Si se logra esta armonía se obtendrá validez jurídica (conformidad con las normas que sean aplicables) y si se cuenta con ello se brindará eficacia (cumplimiento material -real- del derecho).

Lo anterior se obtiene determinando las normas, generales o especiales, que apliquen sobre cada una de las variables relevantes del proyecto -ej.: la clase de plataforma, infraestructura, datos, contenidos, bienes y servicios, sector, territorio, y modelo de negocio involucrado- y diseñando instrumentos jurídicos preventivos que las cumplan. Dichos insumos de derecho preventivo deben estar presentes desde la concepción de la herramienta de TIC hasta su interacción con el usuario final, incluyendo en este último punto tanto las fases de navegación (extracontractual -donde el usuario interactúa con la plataforma pero no adquiere ningún producto-) como las de transacción (contractual -donde el usuario adquiere el bien o servicio que le es ofrecido-).

Algunos ejemplos de estos instrumentos preventivos son: términos y condiciones de uso; acuerdos de niveles del servicio, conceptos de viabilidad jurídica, política de protección de datos personales; leyendas legales concretas y claras en cada pantalla que se proyecte al usuario; manual jurídico de buenas prácticas del mercadeo digital; contratos a la medida de los negocios e intervinientes que se encuentren presentes; manuales jurídicos de protección y gestión de la propiedad intelectual; códigos de conducta para la protección al consumidor; modelos jurídicos de seguridad de la información; capacitaciones jurídicas permanentes; sellos de confianza; marcas de certificación; rigurosos procesos de selección del equipo de trabajo; contenidos claros, visibles y a la medida de cada audiencia; retroalimentación y asesoría legal continua de las normas aplicables a los proyectos y, sobre todo, generación de cultura de derecho preventivo en todo el equipo de trabajo, interno y externo, de la organización -para que así todos se pongan la camiseta y brinden experiencias efectivas de respeto y goce del derecho en los emprendimientos digitales.


Presentación:



Link: Apps-Elementos%20legales%20para%20el%20emprendimiento%20digital%2C%20Camilo%20Escobar%20Mora.1465599881.pdf


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